España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la percepción de corrupción en los últimos cinco años. Así lo concluye el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 presentado el 25 de enero por la ONG Transparencia Internacional, que cada año analiza las impresiones sobre lo que define como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal” en el sector público en 176 países.
Las siete encuestas en que se basa el barómetro indican que España atraviesa una situación de corrupción comparativamente alta en relación a los países del euro, pese a ocupar un lugar menos desafortunado en relación al conjunto de países analizado. Por décimo año consecutivo, Somalia tiene los peores resultados del estudio y Sudán del Sur se ubica en el penúltimo puesto, seguido por Corea del Norte y Siria. Son países, los del extremo inferior del índice, que se distinguen por una impunidad generalizada de la corrupción, gobernabilidad deficiente e instituciones frágiles.
Si bien ningún país está exento de corrupción, el responsable de Transparencia Internacional, Alejandro Salas, subraya que los países en el extremo superior comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. En el caso de España, sostiene no obstante, existe “un problema de corrupción política muy serio y se tiene que afrontar de manera integral y sin parches”.
Según el índice líder en materia de transparencia en la administración pública, España ocupa en esta ocasión el puesto 41 entre los 176 países analizados, el peor dato de todas las series históricas. Un “récord de corrupción” que llega tras años de escándalos, juicios y (pocas) condenas. En este sentido, el presidente de la organización, Jesús Lizcano, sostiene que “es tan necesario como urgente que los partidos políticos consideren la corrupción como un asunto de Estado y de claro interés social”.
Los datos concretos del barómetro, realizado entre diciembre de 2015 y enero de 2016, desvelan que el 80% de los españoles piensa que el Gobierno no realiza los suficientes esfuerzos por combatir la corrupción, consolidada como uno de los principales problemas del país según el 70% de los ciudadanos. Ante tal percepción de impunidad y politización de la justicia, Lizcano insta a los representantes de las administraciones públicas a adoptar un acuerdo integral sobre las medidas legales e institucionales más importantes “para combatir este importante problema social que tanto sigue preocupando a los ciudadanos”.
